Más de cuarenta madres centro-americanas recorrieron durante casi tres semanas la ruta migratoria que atraviesa México buscando a sus hijos desaparecidos en tránsito hacia Estados Unidos.
por Michelle Carrere (elDESCONCIERTO.cl 26.12.14)
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Fotografía: Carlos Maruri
La desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en México, ha dejado al descubierto, en tan sólo un mes, más de 30 fosas clandestinas repletas de cuerpos. ¿Quiénes son todos esos muertos? Se estima que más de 70 mil personas en tránsito por México, provenientes principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua están desaparecidas. El sueño americano de miles de migrantes queda truncado en algún estado de México, presos en cárceles y centros de detención de migrantes, o en manos del crimen organizado. Asesinados, arrojados a fosas clandestinas, esclavizados, víctimas de trata… Sus madres salen a buscarlos desde hace ya 10 años en lo que han llamado la Caravana de Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos.
Puentes de Esperanza es el nombre de la última caravana organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, el que cumple una década buscando a mujeres y hombres desaparecidos por la Ruta del Migrante desde la frontera sur con Guatemala hasta la del norte con Estados Unidos. “Una lucha que se lleva a cabo en tiempos de la peor crisis de derechos humanos que haya conocido México”, asegura Tomas González Castillo, organizador de la caravana. Se trata de 42 madres provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala que recorren durante el mes de diciembre diez estados del país con la fotografía de sus hijos colgando del cuello. Acuden a los poblados que se han asentado a lo largo de las vías del tren, desde donde miles de migrantes saltan a bordo del ferrocarril “La Bestia”, para preguntar si alguien ha visto pasar a sus hijos; visitan los albergues de migrantes acaso alguien reconoce el rostro de la foto que llevan en su pecho; intentan averiguar en cárceles y centros de detención si sus desaparecidos están presos o lo estuvieron en algún momento.
Plan Frontera Sur
México es hoy el país más peligroso en el mundo para los migrantes. Según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el número de secuestros alcanza la tenebrosa cifra de 20 mil al año, y si bien no es posible saber cuántos han sido asesinados, miles de cuerpos no identificados se acumulan en las morgues.
El crimen organizado cosecha la vulnerabilidad sembrada por una política de migración que obedece a una lógica de seguridad nacional plasmada en la Ley de Migración y actualmente en el Programa Frontera Sur, con el que se pretende reforzar la frontera con Guatemala y que opera bajo la lógica de “perseguir, capturar y deportar”, según Rubén Figueroa coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano. En un mes de implementada la medida, 6 mil personas fueron deportadas. “Yo he visto como los de migración se llevan a los muchachos por nada, o los van a tirar a las fosas como perros cuando los encuentran muertos. Dígale a las mamás que andan buscando a sus hijos, que vayan al “cereso” (centro de readaptación social), la cárcel; ahí los van a encontrar si es que están vivos” asegura una testigo habitante de Coatzacoalcos Veracruz. Numerosos son los inmigrantes que han sido apresados y torturados por delitos menores como robar una bebida, comida o peor aún por ninguna razón. Tal es el caso emblemático del colombiano Ángel Almilcar encarcelado durante cinco años en el cereso de Tepic Nayarit acusado de posesión de droga, acopio de armas y fomento a la delincuencia organizada. Delitos que, ya está comprobado, jamás cometió. “Abran esas cárceles, déjennos ver si nuestros hijos están ahí”, suplican las madres mientras revisan las nóminas de detenidos en el Centro de Detención de Migrantes Acayucan de Veracruz, y que han logrado obtener luego de las negociaciones realizadas por el Movimiento Migrante Mesoamericano.
En los últimos meses se han instalado obstáculos para evitar que los migrantes suban a La Bestia, como murallas de concreto con alambres de púa y postes levantados a un metro de distancia de la vía férrea. Las personas han buscado así nuevas rutas que aún no han sido identificadas, y con ellas se han trasladado también las bandas criminales, quienes tienen hoy la posibilidad de operar bajo una mayor invisibilidad. Imposibilitados de obtener una visa que les permita el tránsito por México, hombres, mujeres y niños son obligados a viajar en la clandestinidad, donde el crimen organizado es rey y señor.
En los últimos meses se han instalado obstáculos para evitar que los migrantes suban a La Bestia, como murallas de concreto con alambres de púa y postes levantados a un metro de distancia de la vía férrea. Las personas han buscado así nuevas rutas que aún no han sido identificadas, y con ellas se han trasladado también las bandas criminales, quienes tienen hoy la posibilidad de operar bajo una mayor invisibilidad. Imposibilitados de obtener una visa que les permita el tránsito por México, hombres, mujeres y niños son obligados a viajar en la clandestinidad, donde el crimen organizado es rey y señor.
Carnada para el crimen
“La última vez que hablé con ella ya estaba cerca de la frontera con Estados Unidos. Me dijo que si me llamaban de un número de México, que no contestara, porque la habían capturado”, dice Leticia Martínez, una mujer hondureña que perdió el rastro de su hija hace 10 años. Como Leticia, muchas madres tienen el recuerdo que retumba doloroso en sus memorias de sus hijos advirtiéndoles que fueron secuestrados, encerrados, engañados. Luego de ese llamado, nada. “Se fue de la casa con el coyote que lo iba a pasar. Después de veinte días me llamó y me dijo: mamá estoy encerrado, no veo el día ni la noche, sólo me dan agua sucia para tomar. Yo con los nervios no le pregunté quién le había hecho eso”, cuenta Lucia Santos mientras seca con un pañuelo sus ojos humedecidos y plancha con sus manos su colorida falda guatemalteca.
Las madres saben cómo funciona el negocio que las mafias mexicanas hacen con sus hijos migrantes. Conscientes de las violaciones a los derechos fundamentales de las que sus hijos han sido víctimas, gritan con la voz firme “vivos se fueron, vivos los queremos”, exigiendo un paso libre por México, porque “ellos sólo buscan un futuro mejor para sus familias; y eso es noble, no es ningún delito”. La violencia en manos de los maras ha despojado a los centroamericanos de sus trabajos. Obligados a pagar altos impuestos a las pandillas, miles de personas se han visto obligados a cerrar sus negocios, por lo que conseguir un trabajo se ha vuelto prácticamente imposible. Por otra parte “o te vuelves uno de ellos o te matan”, dice un joven hondureño que espera subir en el próximo tren. Emigrar es entonces la única salida.
El coyote o pollero, una de las figuras del crimen organizado, es el pasaje para la travesía. Las familias, encargadas de enviar el dinero para el traslado, deben hacer un primer pago de mil dólares para ingresar a México, luego un segundo pago de tres mil dólares para cruzar el país y un último pago de dos mil a dos mil quinientos para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, muchas veces el traslado no se completa. Son secuestrados a medio camino, entregados al cartel que luego cobra a las familias del secuestrado un rescate. Sin poder pagarlo, son asesinados o esclavizados como mano de obra en laboratorios de droga y las mujeres explotadas sexualmente. En 10 años de búsqueda la caravana de madres ha logrado localizar a 200 hombres y tan sólo a 10 mujeres.
El peligro también proviene desde las autoridades, quienes, coludidas con la mafia, extorsionan a las personas migrantes e incluso las entregan a los carteles. La Procuraduría General de la República (PGR) ha confirmado recientemente y por primera vez, que existió complicidad y participación del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando Tamaulipas, tanto en la de los 72 migrantes ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.
A pesar del devastador panorama, las madres de la caravana Puentes de Esperanza no quebrantan la fe en poder abrazar a sus niños, quienes ya no son niños sino hombres y mujeres muy diferentes a la imagen de la foto que llevan consigo. Los ha cambiado el tiempo y el sufrimiento. Pero “una mamá siempre reconoce a su hijo aunque esté viejo y barbón”, dice sonriente doña Santos Roja de Nicaragua. Ella encontró a su hijo el año pasado durante la caravana 2013. Hoy regresa para buscar a su sobrino en representación de la madre, quien, “enferma por la tristeza, no puede viajar”.
Las madres saben cómo funciona el negocio que las mafias mexicanas hacen con sus hijos migrantes. Conscientes de las violaciones a los derechos fundamentales de las que sus hijos han sido víctimas, gritan con la voz firme “vivos se fueron, vivos los queremos”, exigiendo un paso libre por México, porque “ellos sólo buscan un futuro mejor para sus familias; y eso es noble, no es ningún delito”. La violencia en manos de los maras ha despojado a los centroamericanos de sus trabajos. Obligados a pagar altos impuestos a las pandillas, miles de personas se han visto obligados a cerrar sus negocios, por lo que conseguir un trabajo se ha vuelto prácticamente imposible. Por otra parte “o te vuelves uno de ellos o te matan”, dice un joven hondureño que espera subir en el próximo tren. Emigrar es entonces la única salida.
El coyote o pollero, una de las figuras del crimen organizado, es el pasaje para la travesía. Las familias, encargadas de enviar el dinero para el traslado, deben hacer un primer pago de mil dólares para ingresar a México, luego un segundo pago de tres mil dólares para cruzar el país y un último pago de dos mil a dos mil quinientos para entrar a Estados Unidos. Sin embargo, muchas veces el traslado no se completa. Son secuestrados a medio camino, entregados al cartel que luego cobra a las familias del secuestrado un rescate. Sin poder pagarlo, son asesinados o esclavizados como mano de obra en laboratorios de droga y las mujeres explotadas sexualmente. En 10 años de búsqueda la caravana de madres ha logrado localizar a 200 hombres y tan sólo a 10 mujeres.
El peligro también proviene desde las autoridades, quienes, coludidas con la mafia, extorsionan a las personas migrantes e incluso las entregan a los carteles. La Procuraduría General de la República (PGR) ha confirmado recientemente y por primera vez, que existió complicidad y participación del Estado en la masacre de migrantes en San Fernando Tamaulipas, tanto en la de los 72 migrantes ocurrida en agosto de 2010 como en el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en abril de 2011 en fosas comunes.
A pesar del devastador panorama, las madres de la caravana Puentes de Esperanza no quebrantan la fe en poder abrazar a sus niños, quienes ya no son niños sino hombres y mujeres muy diferentes a la imagen de la foto que llevan consigo. Los ha cambiado el tiempo y el sufrimiento. Pero “una mamá siempre reconoce a su hijo aunque esté viejo y barbón”, dice sonriente doña Santos Roja de Nicaragua. Ella encontró a su hijo el año pasado durante la caravana 2013. Hoy regresa para buscar a su sobrino en representación de la madre, quien, “enferma por la tristeza, no puede viajar”.
El rastro perdido
En esta décima caravana, tres mujeres encontraron a sus familiares y certeras pistas sobre el paradero de nueve desaparecidos fueron levantadas y seguirán siendo rastreadas. Sobre los reencuentros, se trata de dos hijos y un hermano. En dos de estos casos, la última vez que se comunicaron con sus familias fue el día en que salieron de casa, hace ya muchos años. Los migrantes no llevan celular. Quienes lo hacen son catalogados de “halcones”: encargados de observar y levantar información para los carteles. Quienes tuvieron uno al principio del viaje lo perdieron, junto con los pocos pesos que llevaban, en alguno de los múltiples asaltos de los que son víctimas. Comprar una tarjeta para comunicarse se hace entonces imposible y pedir prestada una llamada desde otro teléfono pone en peligro a sus familias, puesto que el número marcado quedará registrado. La pobreza y el miedo los aleja así aún más de sus casas. Muchos de los que se quedan en México, porque encontraron un trabajo, se casaron o se cansaron, no volverán a hablar nunca más con sus madres. Las razones para no hacerlo quedan guardadas profundo en un lugar de la historia donde sólo ellos tienen acceso. “Quise volver, tomé el tren de regreso pero no llegué. Es que se sufre mucho en el tren” dice José Yanel Navarro Valle uno de los hijos encontrados. Viviendo hace 16 años en un rancho cerca de San Sebastián Tenochitlan, en el estado de Hidalgo, Yanel cuidaba de los animales en condiciones que hacen sospechar que fue víctima de esclavitud. Sin salario y « regañado » por su patrón. En cuanto a Carlos Humberto Olivar, el segundo hijo encontrado, éste cumple una condena de 50 años de cárcel, acusado de homicidio y porte de armas. En 13 años de presidio, Carlos no había podido comunicarse con su familia. La Clínica Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha hecho cargo, a partir del encuentro, de la representación y defensa de Carlos.
La caravana de madres es, para todas las mujeres que la conforman, la única oportunidad que tienen para denunciar las desapariciones. En Centroamérica, el 90% de los casos no son documentados debido a que no existen mecanismos oficiales de denuncia que estén conectados con México y que permitan una búsqueda. Para lograr ingresar una denuncia, las madres tendrían que entrar a México indocumentadas al igual que lo hicieron sus hijos. Esto, sumado a la falta de dinero, no les permitiría llegar muy lejos en la ruta. A pesar de la ayuda que brinda la caravana, el periplo queda incierto. La indocumentación, y por ende la clandestinidad en la que viajan los migrantes, no permite que exista un registro preciso para identificar cuántos transitan por México ni mucho menos saber quiénes son, de dónde vienen, cuándo entraron y salieron del país. Las estimaciones que se manejan provienen de las bases de datos de los albergues, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de instituciones independientes vinculadas a la migración, como lo son el Movimiento Migrante Mesoamericano o el FM4. Además, es frecuente que los migrantes se identifiquen con otros nombres para proteger sus identidades, por lo que aquellas bases de datos tampoco son fidedignas. El viaje que emprenden estas madres es así una apuesta. La última que les queda por jugar, y en la que deberán ir juntando las pistas desperdigadas por la Ruta del Migrante.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes temen que en febrero del 2015 el número de personas en tránsito por México aumente hasta 1500 personas diarias. Se estima que los que fueron deportados este año vuelvan a intentar el viaje junto con aquellos que decidan por primera vez migrar hacia el norte. La curva de secuestros, asesinatos y otras violaciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes, lejos de estar en descenso, continúa aumentando y amenaza con dispararse.
La caravana de madres es, para todas las mujeres que la conforman, la única oportunidad que tienen para denunciar las desapariciones. En Centroamérica, el 90% de los casos no son documentados debido a que no existen mecanismos oficiales de denuncia que estén conectados con México y que permitan una búsqueda. Para lograr ingresar una denuncia, las madres tendrían que entrar a México indocumentadas al igual que lo hicieron sus hijos. Esto, sumado a la falta de dinero, no les permitiría llegar muy lejos en la ruta. A pesar de la ayuda que brinda la caravana, el periplo queda incierto. La indocumentación, y por ende la clandestinidad en la que viajan los migrantes, no permite que exista un registro preciso para identificar cuántos transitan por México ni mucho menos saber quiénes son, de dónde vienen, cuándo entraron y salieron del país. Las estimaciones que se manejan provienen de las bases de datos de los albergues, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de instituciones independientes vinculadas a la migración, como lo son el Movimiento Migrante Mesoamericano o el FM4. Además, es frecuente que los migrantes se identifiquen con otros nombres para proteger sus identidades, por lo que aquellas bases de datos tampoco son fidedignas. El viaje que emprenden estas madres es así una apuesta. La última que les queda por jugar, y en la que deberán ir juntando las pistas desperdigadas por la Ruta del Migrante.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes temen que en febrero del 2015 el número de personas en tránsito por México aumente hasta 1500 personas diarias. Se estima que los que fueron deportados este año vuelvan a intentar el viaje junto con aquellos que decidan por primera vez migrar hacia el norte. La curva de secuestros, asesinatos y otras violaciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes, lejos de estar en descenso, continúa aumentando y amenaza con dispararse.
Fte.: llegué a este artículo a través de la Revista Pueblos
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