Ensayo del neo-golpismo en América Latina
Isabel Rauber
El amanecer del domingo nos sorprendió con la noticia del derrocamiento del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Los militares invadieron su morada y se lo llevaron, no solo de allí, sino del país. En ropa de descanso, el Presidente se encontró raudamente en Costa Rica. Era, evidentemente, muy importante para los golpistas tenerlo fuera de Honduras para evitar que su presencia estimulara la movilización y el apoyo popular a su restitución inmediata.
No repetirían los “errores” de Venezuela; esta vez la ira de la reacción elaboraría mejor su impotencia de clase y afinaría mejor su estrategia destituyente: fabricaría el golpe de estado sobre excusas legales y artilugios jurídicos que, supuestamente, justificarían la acción militar de franca desobediencia e irrespeto por los poderes establecidos y las instituciones que los representan. Ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden decretar un Golpe de Estado, es decir, poner fin a la gestión del Poder Ejecutivo cuando éste no les gusta, ¿o sí?
Es esto lo que se está ensayando en Honduras: apelar a “canales” legales para poner fin por la fuerza a los procesos de cambio que están desarrollándose en el continente. Obviamente, como es natural, el ensayo se llevan adelante en territorios donde los costos políticos resultan menores porque los procesos sociales populares son más débiles, como es el caso de Honduras.El disfraz “democrático” del Golpe de Estado, anuncia el nuevo estilo autoritario de los poderosos y desnuda el contenido de su “democracia” de mercado: “Cuando me conviene sí, y cuando no me conviene: no.” No es la vuelta al pasado, no hay que equivocarse: Es el anuncio de los nuevos procedimientos de la derecha impotente. El neo-golpismo es “democrático” y “constitucional”. Honduras anuncia por tanto la apertura de una nueva era: la de los “golpes constitucionales”.
Es una alerta clara para los pueblos de América Latina desde el Río Bravo a la Patagonia y, en particular, para quienes encabezan proceso de cambio; el mensaje del poder es claro: “Si sigues desobedeciendo , te sacamos. ¿Y qué?” Los neo-golpistas están tranquilos: cuentan con el apoyo de los medios de prensa mundiales, los cuales, en pocos minutos imponen ante el mundo el mensaje que desean instalar. Así pudo comprobarse ayer en las más importantes cadenas televisivas internacionales: el usurpador de la presidencia de Honduras, no fue ni es llamado como tal, sino “Nuevo Presidente”, como si fuera el sucesor de Zelaya y no el cómplice del asalto y destitución forzada del gobernante.
La complicad de los medios no es un dato nuevo. Pero sí lo es el formato del golpe: apoyado en un manto de supuesta y fraguada legalidad respaldada por los Jueces Supremos y el Parlamento. Para eso quieren ahora estar en los parlamentos: no para ser mejores representantes de los pueblos, sino para llevar adelante sus proyectos de clase o, si esto no es posible, impulsar golpes de estado, ocultando su conspiración tras el manto “constitucional”.
Pero la historia no es unidireccional ni unidimensional. Si hoy se tolera el “golpe democrático” en Honduras con al excusa de “salvaguardar la constitución”, se está adelantando y asentando también una justificación -por precedente , para la posible ocurrencia de “golpes constitucionales” de otros signos políticos. Las reglas del juego democrático exigen, precisamente por ello, paridad en su cumplimiento. En caso contrario, dejan de ser reglas del juego para transformarse en trucos de un sector de la sociedad para ganar tiempo político y engañar a las mayorías en favor de sus empresas. La seguridad democrática , vista desde los pueblos, consiste precisamente en eso: construir garantías biunívocas para que cada pueblo pueda construir con autonomía e integradiad el modo de vida que considere idóneo y necesario a para sí, en paz y respeto hacia los demás pueblos y procesos.
Llegados a este punto, vuelve a emerger al centro de la escena una cuestión política de fondo: Los procesos sociales de cambio solo pueden ser tales, si se construyen articulados a las fuerzas sociales, culturales y políticas que apuestan al cambio y generan el consenso social necesario para llevarlo adelante. Y esto solo puede realizarse desde abajo, cotidianamente, en todos los ámbitos del quehacer social y político: en lo institucional y en la sociedad toda. Un empeño político y social de esta naturaleza, no se alcanza espontáneamente. No basta con que un mandatario tenga una propuesta política que considere justa o de interés para su pueblo; es vital que el pueblo, los sectores y actores sociales y políticos sean parte de la misma, que hayan participado en su definición, que se hayan apropiado de ella.
No hay hechos mágicos en la política, mucho menos si se trata de cambiar la correlación de fuerzas hegemónicas hacia una nueva composición política y social de fuerzas a favor de cambios sustantivos: construir caminos para salir del egoísmo agonizante del mercado y avanzar hacia sociedades solidarias. Se trata de un cambio de hegemonía que reclama construir la fuerza social, política y cultural, el actor colectivo, capaz de diseñar y decidir el rumbo y el ritmo de los cambios, llevarlos adelante, sostenerlos y defenderlos. Esta también es una enseñanza vital para los procesos actuales que en este continente apuestan a cambiar la realidad de injusticia y discriminación, que apuestan a profundizar la democracia, sacándola del recinto del mercado para ampliarla y rediseñarla acorde con el crecimiento político-cultural de los pueblos, construyendo una democracia ciudadana con igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para todas y todos.
Este es el camino de la seguridad democrática que necesitan los pueblos del continente, es el único camino para que el debate de ideas pueda fluir sin el asecho nocturno de los viejos o nuevos Golpes a la razón democrática que reclama la humanidad en el siglo XXI. Ojala la retórica democrática que se levanta desde el poder cuando no le resultan los procesos en otras latitudes, sea igualmente contundente cuando se atenta abierta y descaradamente contra un proceso legítimamente democrático como el de Honduras. Vale recordar: en el mundo globalizado bajo la hegemonía del capital, las lecciones -en un sentido u otro son siempre globales.
Isabel Rauber. Doctora en Filosofía. Directora de la Revista Pasado y Presente XXI. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Estudiosa de los movimientos sociales y procesos políticos del continente.
La base militar de EEUU en Honduras en el centro del golpe
Eva Golinger (Revisado por Caty R.)
Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado y sacado a la fuerza por militares encapuchados de su residencia presidencial en Tegucigalpa. Lo trasladaron a la base militar Hernán Acosta Mejía, en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en dicha base militar, el presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo recibió mientras el brutal golpe militar aún estaba en pleno desarrollo en Honduras. Mientras ocurría el golpe de Estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada de EEUU en Tegucigalpa tenían pleno conocimiento de los sucesos.
Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North como una base de operaciones de la “contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.
La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas dentro de la base, incluidos 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.
La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo “semi-permanente”. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso.
El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.
Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses la relación diplomática entre ambos países comenzó a deteriorarse. En noviembre 2008, el presidente Zelaya felicitó al presidente Obama por su victoria electoral, calificándola como “una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, en la que acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a “respetar a los principios de no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones.” Zelaya también exhortó al Presidente Obama a “revisar los procedimientos de inmigración y la concesión de visas como un mecanismo de presión contra personas que tengan creencias distintas e ideologías que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.” Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima contra el narcotráfico… no se debe utilizar como una excusa para imponer políticas intervencionista en otros países.” Poco después, el presidente Zelaya, junto con presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en la que iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.
Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de Estado en Honduras desde hacía más de una semana. En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense “estaban en conversaciones” con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas “conversaciones” se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles para tratar de buscar otra salida.La administración Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de manera muy mesurada, calificándolo como una acción que está “evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo considera un golpe de Estado. Esta ambigüedad permite a Estados Unidos mantener la relación diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país. En caso de calificar los hechos como un golpe de Estado, según la ley, Estados Unidos estaría obligado a romper las relaciones diplomáticas y a suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.
Obviamente, Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las actuaciones del presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los fondos del ALBA, se podrían entender fácilmente como una amenaza para el futuro de la presencia militar estadounidense en Honduras. Además de otras razones, ésta podría explicar la ambigüedad pública de Obama frente al golpe en Honduras.
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