Resistencia bloguera

Perspectivas sobre Honduras

Declaraciones de Canciller Patricia Rodas (TeleSur 13 jul 09)

Estas declaraciones las realizó la cancillerluego del ultimátum que el Pte. Zelaya dirigiera a los golpistas emplazándolos al acatamiento de las resoluciones de ONU y OEA y demás organismos internacionales a fin de que el proceso de mediación en Costa Rica pueda tener continuidad.

En los siguiente artículos, Borón y Guerrero analizan diferentes perspectivas de resolución de la situación en Honduras, uno desde el punto de vista externo, y otro desde el punto de vista interno respectivamente. Este último, publicado en Página12 el 10 de julio, es ampliado y completado con una entrevista que le realizó PrensaradioUBA a Guerrero el 13 jul 09 (y se encuentra al final del artículo).

Las salidas posibles

Modesto Emilio Guerrero

Si algo queda claro luego de semana y media del golpe, es que estamos ante una suerte de empate a favor de Micheletti. Este contrasentido dialéctico se ordenó en una acelerada sucesión de pasos que instalaron un statu quo donde ninguna de las partes es capaz de avanzar más de lo que puede, aunque quisiera, ni retroceder más de lo que debe, aunque pudiera.
Zelaya no pudo volver al poder en Tegucigalpa, a pesar de su decisión indeclinable, de las crecientes movilizaciones internas y del apoyo del sistema hemisférico de Estados. La doble ronda del avión que no pudo aterrizar en Tegucigalpa fue apenas la señal de una relación de fuerzas que no dio para imponerlo en tierra.

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Lo que puede hacer Obama en Honduras

Atilio Borón

Ante el impasse que se registra en Honduras son muchas las voces que se alzan para denunciar las flaquezas de la respuesta de la Casa Blanca ante el golpe de estado, que oscila entre un reconocimiento verbal de Manuel Zelaya como único presidente legítimo y, contradictoriamente, la subrepticia convalidación del golpe al encomendarle a un obediente portavoz del imperio, Oscar Arias, que actúe como “mediador” en el conflicto. A estas alturas es evidente que la categórica condena al golpe formulada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, rompió con una deplorable tradición de esa organización y, seguramente que por eso mismo, provocó que Washington lo sacara rápidamente de escena sustituyéndolo por el dócil presidente costarricense.

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Amenaza transgénica y Pueblos fumigados

Germán Abdala

Pte. Zelaya (5 julio 2009)

Diputada electa Alcira Argumedo

Un principio justo

Reflexiones del compañero Fidel

Muere el golpe o mueren las constituciones

Foto Fidel Castro Los países de América Latina luchaban contra la peor crisis financiera de la historia dentro de un relativo orden institucional.

Cuando el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, de viaje en Moscú para abordar temas vitales en materia de armas nucleares, declaraba que el único presidente constitucional de Honduras era Manuel Zelaya, en Washington la extrema derecha y los halcones maniobraban para que éste negociara el humillante perdón por las ilegalidades que le atribuyen los golpistas.

Era obvio que tal acto significaría ante los suyos y ante el mundo su desaparición de la escena política.

Está probado que cuando Zelaya anunció que regresaría el 5 de julio, estaba decidido a cumplir su promesa de compartir con su pueblo la brutal represión golpista.

Con el Presidente viajaban Miguel d´Escoto, presidente pro témpore de la Asamblea General de la ONU, y Patricia Rodas, la canciller de Honduras, así como un periodista de Telesur y otros, hasta 9 personas. Zelaya mantuvo su decisión de aterrizar. Me consta que en pleno vuelo, cuando se aproximaba a Tegucigalpa, se le informó desde tierra sobre las imágenes de Telesur, en el instante que la enorme masa que lo esperaba en el exterior del aeropuerto, estaba siendo atacada por los militares con gases lacrimógenos y fuego de fusiles automáticos.

Su reacción inmediata fue pedir altura para denunciar los hechos por Telesur y demandar a los jefes de aquella tropa que cesara la represión. Después les informó que procedería al aterrizaje. El alto mando ordenó entonces obstruir la pista. En cuestión de segundos vehículos de transporte motorizados la obstruyeron.

Tres veces pasó el Jet Falcon, a baja altura, por encima del aeropuerto. Los especialistas explican que el momento más tenso y peligroso para los pilotos es cuando naves rápidas y de poco porte, como la que conducía al Presidente, reducen la velocidad para hacer contacto con la pista. Por eso pienso que fue audaz y valiente aquel intento de regresar a Honduras.

Si deseaban juzgarlo por supuestos delitos constitucionales, ¿por qué no le permitieron aterrizar?

Zelaya sabe que estaba en juego no solo la Constitución de Honduras, sino también el derecho de los pueblos de América Latina a elegir a sus gobernantes.

Honduras es hoy no solo un país ocupado por los golpistas, sino además un país ocupado por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La base militar de Soto Cano, conocida también por su nombre de Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa, reactivada en 1981 bajo la administración de Ronald Reagan, fue la utilizada por el coronel Oliver North cuando dirigió la guerra sucia contra Nicaragua, y el Gobierno de Estados Unidos dirigió desde ese punto los ataques contra los revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos que costaron decenas de miles de vidas.

Allí se encuentra la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” de Estados Unidos, compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85 por ciento del área de la base. Eva Golinger divulga su papel en un artículo publicado en el sitio digital Rebelión el 2 de julio de 2009, titulado “La base militar de Estados Unidos en Honduras en el centro del golpe”. Ella explica que “la Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo ‘de mano’ entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo ‘semi-permanente’. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras… el tercer país más pobre del hemisferio.” Ella añade que “…el acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso”.

Soto Cano es igualmente sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Parte de los componentes de la fuerza de tarea militar de Estados Unidos está integrada por soldados hondureños.

¿Cuál es el objetivo de la base militar, los aviones, los helicópteros y la fuerza de tarea de Estados Unidos en Honduras? Sin duda que sirve únicamente para emplearla en Centroamérica. La lucha contra el narcotráfico no requiere de esas armas.

Si el presidente Manuel Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola de golpes de Estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina, o quedarán éstos a merced de los militares de extrema derecha, educados en la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, experta en torturas, la guerra psicológica y el terror. La autoridad de muchos gobiernos civiles en Centro y Suramérica quedaría debilitada. No están muy distantes aquellos tiempos tenebrosos. Los militares golpistas ni siquiera le prestarían atención a la administración civil de Estados Unidos. Puede ser muy negativo para un presidente que, como Barack Obama, desea mejorar la imagen de ese país. El Pentágono obedece formalmente al poder civil. Todavía las legiones, como en Roma, no han asumido el mando del imperio.

No sería comprensible que Zelaya admita ahora maniobras dilatorias que desgastarían las considerables fuerzas sociales que lo apoyan y solo conducen a un irreparable desgaste.

El Presidente ilegalmente derrocado no busca el poder, pero defiende un principio, y como dijo Martí: “Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército.”

Fidel Castro Ruz

Julio 10 de 2009

6 y 15 p.m.

Fuente: CubaDebate

La injerencia yanqui en Honduras

Independencia

A SouthCom man in the City

ASI FUNCIONA UN GOLPE

El Comando Sur al poder...

Dos artículos en Rebelión sobre Honduras

Ensayo del neo-golpismo en América Latina

Isabel Rauber

El amanecer del domingo nos sorprendió con la noticia del derrocamiento del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Los militares invadieron su morada y se lo llevaron, no solo de allí, sino del país. En ropa de descanso, el Presidente se encontró raudamente en Costa Rica. Era, evidentemente, muy importante para los golpistas tenerlo fuera de Honduras para evitar que su presencia estimulara la movilización y el apoyo popular a su restitución inmediata.

No repetirían los “errores” de Venezuela; esta vez la ira de la reacción elaboraría mejor su impotencia de clase y afinaría mejor su estrategia destituyente: fabricaría el golpe de estado sobre excusas legales y artilugios jurídicos que, supuestamente, justificarían la acción militar de franca desobediencia e irrespeto por los poderes establecidos y las instituciones que los representan. Ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden decretar un Golpe de Estado, es decir, poner fin a la gestión del Poder Ejecutivo cuando éste no les gusta, ¿o sí?

Es esto lo que se está ensayando en Honduras: apelar a “canales” legales para poner fin por la fuerza a los procesos de cambio que están desarrollándose en el continente. Obviamente, como es natural, el ensayo se llevan adelante en territorios donde los costos políticos resultan menores porque los procesos sociales populares son más débiles, como es el caso de Honduras.

El disfraz “democrático” del Golpe de Estado, anuncia el nuevo estilo autoritario de los poderosos y desnuda el contenido de su “democracia” de mercado: “Cuando me conviene sí, y cuando no me conviene: no.” No es la vuelta al pasado, no hay que equivocarse: Es el anuncio de los nuevos procedimientos de la derecha impotente. El neo-golpismo es “democrático” y “constitucional”. Honduras anuncia por tanto la apertura de una nueva era: la de los “golpes constitucionales”.

Es una alerta clara para los pueblos de América Latina desde el Río Bravo a la Patagonia y, en particular, para quienes encabezan proceso de cambio; el mensaje del poder es claro: “Si sigues desobedeciendo , te sacamos. ¿Y qué?” Los neo-golpistas están tranquilos: cuentan con el apoyo de los medios de prensa mundiales, los cuales, en pocos minutos imponen ante el mundo el mensaje que desean instalar. Así pudo comprobarse ayer en las más importantes cadenas televisivas internacionales: el usurpador de la presidencia de Honduras, no fue ni es llamado como tal, sino “Nuevo Presidente”, como si fuera el sucesor de Zelaya y no el cómplice del asalto y destitución forzada del gobernante.

La complicad de los medios no es un dato nuevo. Pero sí lo es el formato del golpe: apoyado en un manto de supuesta y fraguada legalidad respaldada por los Jueces Supremos y el Parlamento. Para eso quieren ahora estar en los parlamentos: no para ser mejores representantes de los pueblos, sino para llevar adelante sus proyectos de clase o, si esto no es posible, impulsar golpes de estado, ocultando su conspiración tras el manto “constitucional”.

Pero la historia no es unidireccional ni unidimensional. Si hoy se tolera el “golpe democrático” en Honduras con al excusa de “salvaguardar la constitución”, se está adelantando y asentando también una justificación -por precedente, para la posible ocurrencia de “golpes constitucionales” de otros signos políticos. Las reglas del juego democrático exigen, precisamente por ello, paridad en su cumplimiento. En caso contrario, dejan de ser reglas del juego para transformarse en trucos de un sector de la sociedad para ganar tiempo político y engañar a las mayorías en favor de sus empresas. La seguridad democrática , vista desde los pueblos, consiste precisamente en eso: construir garantías biunívocas para que cada pueblo pueda construir con autonomía e integradiad el modo de vida que considere idóneo y necesario a para sí, en paz y respeto hacia los demás pueblos y procesos.

Llegados a este punto, vuelve a emerger al centro de la escena una cuestión política de fondo: Los procesos sociales de cambio solo pueden ser tales, si se construyen articulados a las fuerzas sociales, culturales y políticas que apuestan al cambio y generan el consenso social necesario para llevarlo adelante. Y esto solo puede realizarse desde abajo, cotidianamente, en todos los ámbitos del quehacer social y político: en lo institucional y en la sociedad toda. Un empeño político y social de esta naturaleza, no se alcanza espontáneamente. No basta con que un mandatario tenga una propuesta política que considere justa o de interés para su pueblo; es vital que el pueblo, los sectores y actores sociales y políticos sean parte de la misma, que hayan participado en su definición, que se hayan apropiado de ella.

No hay hechos mágicos en la política, mucho menos si se trata de cambiar la correlación de fuerzas hegemónicas hacia una nueva composición política y social de fuerzas a favor de cambios sustantivos: construir caminos para salir del egoísmo agonizante del mercado y avanzar hacia sociedades solidarias. Se trata de un cambio de hegemonía que reclama construir la fuerza social, política y cultural, el actor colectivo, capaz de diseñar y decidir el rumbo y el ritmo de los cambios, llevarlos adelante, sostenerlos y defenderlos. Esta también es una enseñanza vital para los procesos actuales que en este continente apuestan a cambiar la realidad de injusticia y discriminación, que apuestan a profundizar la democracia, sacándola del recinto del mercado para ampliarla y rediseñarla acorde con el crecimiento político-cultural de los pueblos, construyendo una democracia ciudadana con igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para todas y todos.

Este es el camino de la seguridad democrática que necesitan los pueblos del continente, es el único camino para que el debate de ideas pueda fluir sin el asecho nocturno de los viejos o nuevos Golpes a la razón democrática que reclama la humanidad en el siglo XXI. Ojala la retórica democrática que se levanta desde el poder cuando no le resultan los procesos en otras latitudes, sea igualmente contundente cuando se atenta abierta y descaradamente contra un proceso legítimamente democrático como el de Honduras. Vale recordar: en el mundo globalizado bajo la hegemonía del capital, las lecciones -en un sentido u otro son siempre globales.

Isabel Rauber. Doctora en Filosofía. Directora de la Revista Pasado y Presente XXI. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Estudiosa de los movimientos sociales y procesos políticos del continente.

La base militar de EEUU en Honduras en el centro del golpe

Eva Golinger (Revisado por Caty R.)

Durante la madrugada del domingo 28 de junio, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado y sacado a la fuerza por militares encapuchados de su residencia presidencial en Tegucigalpa. Lo trasladaron a la base militar Hernán Acosta Mejía, en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en dicha base militar, el presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo recibió mientras el brutal golpe militar aún estaba en pleno desarrollo en Honduras. Mientras ocurría el golpe de Estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada de EEUU en Tegucigalpa tenían pleno conocimiento de los sucesos.

Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North como una base de operaciones de la “contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.

La base de Soto Cano es la sede de la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 personas y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, se empezaron a construir viviendas dentro de la base, incluidos 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo “semi-permanente”. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Todos los años, Washington autoriza cientos de millones de dólares de ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso.

El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).

El comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar pocos días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.

Aunque Honduras depende económicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses la relación diplomática entre ambos países comenzó a deteriorarse. En noviembre 2008, el presidente Zelaya felicitó al presidente Obama por su victoria electoral, calificándola como “una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, en la que acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a “respetar a los principios de no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones.” Zelaya también exhortó al Presidente Obama a “revisar los procedimientos de inmigración y la concesión de visas como un mecanismo de presión contra personas que tengan creencias distintas e ideologías que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.” Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que “la lucha legítima contra el narcotráfico… no se debe utilizar como una excusa para imponer políticas intervencionista en otros países.” Poco después, el presidente Zelaya, junto con presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en la que iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.

Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de Estado en Honduras desde hacía más de una semana. En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense “estaban en conversaciones” con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas “conversaciones” se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos civiles para tratar de buscar otra salida.

La administración Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de manera muy mesurada, calificándolo como una acción que está “evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo considera un golpe de Estado. Esta ambigüedad permite a Estados Unidos mantener la relación diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país. En caso de calificar los hechos como un golpe de Estado, según la ley, Estados Unidos estaría obligado a romper las relaciones diplomáticas y a suspender la mayoría del apoyo económico y militar al país.

Obviamente, Washington no quiere arriesgarse al cierre de su base militar en Soto Cano y a la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las actuaciones del presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los fondos del ALBA, se podrían entender fácilmente como una amenaza para el futuro de la presencia militar estadounidense en Honduras. Además de otras razones, ésta podría explicar la ambigüedad pública de Obama frente al golpe en Honduras.

Leer también: El guión de Washington: el golpe se repite, ahora en Honduras, por Eva Golinger

Fte.: Rebelión.

Dos editoriales de Diario Tiempo de Honduras

Y luego, ¿qué?

En política —dicen— se sabe cómo empiezan las cosas, pero nunca cómo terminarán. Quienes se coludieron para dar el golpe de Estado para derrocar al presidente de la República, José Manuel (Mel) Zelaya Rosales, jamás imaginaron el repudio mundial que esto les depararía ni las graves consecuencias para Honduras y su pueblo.

A estas alturas, con el presidente Zelaya en el exilio, nuestro país está prácticamente aislado de la comunidad internacional, y de hecho cercado comercial y políticamente por sus vecinos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que le han sellado sus fronteras.

Que nosotros sepamos, esta acción diplomática mundial de rechazo a un golpe de Estado es inédita a nivel centroamericano, latinoamericano y universal. Denota un paso más en la evolución del derecho internacional, puesto que no se admite la ruptura de los principios básicos del sistema democrático, principalmente los de la separación orgánica de las funciones de los poderes en el Estado y la subordinación efectiva de la fuerza militar al poder civil, encarnado en el Ejecutivo.

En este contexto, cualquier Estado que admitiera el rompimiento de estos principios en otro Estado, legitimándolo con su reconocimiento, sentaría para sí mismo el precedente con el que, en cualquier momento en el futuro, pudiera excusarse —por no decir justificarse— la consumación de un hecho similar en su país. Esa es, en realidad, la razón fundamental del rechazo total al golpe de Estado del 28 de junio/09.

De allí la posición a este respecto de Estados Unidos y del resto de los estados americanos, de la OEA, de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas y de las integraciones regionales latinoamericanas SICA, ALBA, Grupo de Río, y de cada país, en particular, lo mismo que de los núcleos económicos y comerciales como el G-8, el G-16 y el G-22.

La forma en que se han ido desarrollando y siguen desarrollándose los acontecimientos al interior del país permanecen en el limbo para los hondureños, pues los medios de comunicación locales ignoran su obligación informativa, por colusión los más y por coerción oficial los menos.

En este sentido, nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca dictadura, y que ahora encierra a la sociedad hondureña en una auténtica burbuja, lo cual constituye un caso incuestionable del protagonismo del “latifundio mediático”, en su condición de actor consustancial del golpe de Estado.

Este capítulo de destrucción de los derechos constitucionales a informar y a ser informados, que viola asimismo la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no sólo afecta al periodismo hondureño sino al periodismo internacional, y, por lo tanto, a toda la población mundial que tiene derecho a saber cuánto ocurre en nuestro país.

Ante la consumación de tanto atropello y la contundente condena mundial, el pueblo hondureño debería preguntarse: Y luego, ¿qué?

Fte.: Tiempo (Editorial)

Estado de sitio

Ha sido decretado el estado de sitio, por “perturbación grave de la paz”, con lo cual el régimen reconoce que Honduras vive una situación de anormalidad, sin duda causada por el rompimiento del orden constitucional con el golpe de Estado del 28 de junio/09.

Las normas constitucionales establecen, en estas condiciones, que la suspensión del ejercicio de los derechos individuales debe señalarse específicamente, estar justificada la decisión, indicar el ámbito territorial afectado y el tiempo que durará la restricción.

El decreto ejecutivo N° 011-2009 puesto en vigencia por el régimen suspende los siguientes derechos individuales: la libertad personal; la detención e incomunicación solamente por un máximo de 24 horas y la detención judicial para inquirir sin exceder los seis días; la libertad de asociación y de reunión; y el derecho de circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.

Este peculiar estado de sitio comprende todo el país, aunque aparentemente solamente rige en la noche, desde las 21:00 horas, hasta las 6:00 horas de la mañana. Tal disposición, con sus características, no puede ser modificada mientras dure la restricción, según la ley. Temor a la oscuridad.

En nuestro país casi siempre se ha decretado el estado de sitio cuando se consuman golpes de Estado, vale decir por razones políticas. Por calamidades naturales, en la época reciente solamente se usó esta “dictadura legal”, como algunos la llaman, a causa de la catástrofe del huracán Mitch.

Los gobiernos, por lo general, hacen todo lo posible para evitar la aplicación de los estados de excepción, puesto que significa la existencia en el país de un desorden público que la autoridad constituida —o impuesta— no se siente en capacidad de controlar con medidas legales comunes, y, por lo mismo, tiene que recurrir a la negación de las garantías constitucionales.

Esto es, por lo que se puede apreciar, lo que está sucediendo debido a las manifestaciones de rechazo popular al rompimiento del orden constitucional, que son objeto de dura represión y cuyo escalamiento parece incontenible, aun cuando esto no trascienda al conocimiento público en su verdadera dimensión por manipulaciones en el sistema de comunicación social del país.

Es conveniente señalar que en el decreto de estado de sitio la libertad de expresión no ha sido consignada, sin duda porque se considera innecesario hacerlo. La libertad de expresión está siendo violada en diversas formas, utilizando métodos de boicot, de persecución y de amedrentamiento, lo cual es objeto de fuertes denuncias ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, no así en lo que corresponde al comisionado nacional de derechos humanos, por razones conocidas por todos y que no vale la pena explicar.

Fte.: Tiempo (Editorial)

Estado de Sitio en Honduras

Zarpazo : Oscar R Cardozo

Falleció Oscar Raúl Cardoso, a los 61 años, tras una larga enfermedad. Periodista prestigioso, considerado uno de los analistas de temas internacionales más lúcidos y comprometidos de su generación.

Su última columna sobre el golpe en Honduras fue publicada hace dos días en el diario Clarín, la que reproduzco aquí.

LAS CONSECUENCIAS POLITICAS DEL DERROCAMIENTO DE ZELAYA

Un zarpazo político que sienta un mal precedente

Hay muchas preguntas sobre el golpe de Estado que los militares hondureños dieron, al mejor estilo del siglo pasado, contra el presidente Manuel Zelaya. Preguntas para las que habrá respuesta sólo con el transcurso de las horas. Pero algo es cierto más allá de la duda razonable: la nueva situación en ese país es el producto de un zarpazo político que, si sobreviviera, sentaría uno de los más oscuros precedentes para Honduras, pero también para la región.

No ha habido, desde el 24 de marzo de 1976 en la Argentina, un golpe de Estado militar que haya resultado exitoso en asumir el poder y conservarlo en América Latina, aunque otros presidentes han caído como consecuencia de la oposición popular y el disimulado empeño de algunas élites. Esto hace hoy de lo de Honduras una suerte de agujero negro histórico en el que la región no debe deslizarse.

En el curso del día, desde que soldados enmascarados arrebataron de su lecho a Zelaya, los más diversos funcionarios -el propio presidente secuestrado entre ellos- evocaron como modelos para este golpe a los derrocamientos de Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954; de Salvador Allende en 1973; y -ya en el siglo XXI- la intentona de un sector de la dirigencia y de los militares venezolanos de deponer a Hugo Chávez Frías en el 2002. Honduras ha sido un país estable desde que sus militares dejaron el poder a fines de los 80.

Lo que se puso en marcha en Tegucigalpa parece querer ser un ensayo golpista con "mayor control de calidad". Es por eso que los militares apresaron de modo inmediato a Zelaya y lo sacaron del país, algo que después aplicaron a otros funcionarios de su gobierno. La lección de la derrota de los golpistas venezolanos de dejar a Chávez dentro del territorio nacional dio tiempo a sus simpatizantes para organizar un contragolpe y al resto de las democracias americanas -con la excepción de Estados Unidos, que vio una oportunidad en aquel aventurerismo venezolano- para presionar sobre Caracas.

Del mismo modo, en el 2002 los golpistas anunciaron en Caracas que Chávez había renunciado pero no pudieron ofrecer evidencia creíble. En Tegucigalpa, mostraron un documento presuntamente firmado por Zelaya en el que plantea su dimisión al Congreso. El Poder Legislativo -dicen los dueños del poder en Honduras- aceptó esa renuncia y eligió a la máxima autoridad de los diputados, Roberto Micheletti, como reemplazante. La dimisión es de dudosa validez, a menos que Zelaya la ratifique sin que lo rodeen soldados con capucha con armas amartilladas. Todo lo demás es travestismo jurídico.

La Organización de Estados Americanos, cuya eficiencia en estas crisis goza de poco prestigio, tiene ahora una oportunidad para detener el espectáculo de baja calidad que montaron con el golpe en Honduras. En realidad, bajo la conducción del chileno José Miguel Insulza, el foro ha comenzado a mostrar un alejamiento de la anomia que lo acompañó buena parte de su vida. La forma en que procesó el crítico tema de la suspensión de Cuba en la reunión de San Pedro Sula es muestra de esa nueva tendencia.

En cuanto a la disputa con el jefe de Estado Mayor, Romeo Vázquez, a quien Zelaya relevó la semana pasada sin que el militar acatara la orden, obligará a los mandos que dieron el manotazo a limpiar las filas de leales a Zelaya. La idea de realizar una consulta popular -no obligatoria- sobre una futura asamblea constituyente fue esgrimida por los golpistas como una excusa para lo hecho. Pero el problema es más profundo. Una nueva constitución amenaza a las clases pudientes porque se podría avanzar limitando el derecho de propiedad e imponiendo formas de redistribución del ingreso. ¿Por qué no? Ese mismo sector es el que mantiene estancado el nivel de pobreza -hasta 70% en áreas rurales- desde 1998 y aun cuando el país ha tenido desde entonces un crecimiento promedio anual del 3%.

La posición del Gobierno de Barack Obama -que en cuatro oportunidades rechazó todo intento de quiebre del orden institucional- marca también la necesidad que tiene Washington en estos días de mostrar diferencias con la gestión de George W. Bush. En Caracas, se asegura que el ex embajador estadounidense, Otto Reich, estuvo instigando al golpe. No parece ser la tarea de la Casa Blanca. Pero baste con recordar que Reich actúa ahora como lobista para empresas con intereses en América Central. "Tuvimos un primer Reich como embajador en Venezuela; tuvimos un segundo Reich como subsecretario de Departamento de Estado y ahora tenemos un Tercer Reich." dijo Roy Chadron, embajador de Caracas en la OEA.

HONDURAS RESISTE

Golpe de estado en Honduras (2)

Honduras: la futilidad del golpe

Por: Atilio Borón

La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de estado en Honduras es una re-edición del que se perpetrara en Abril del 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que conciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del Ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, ni bien encarcelaron a Hugo Chávez los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero.” Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró este domingo como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.

Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el Presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular -apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos- sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del Presidente Zelaya, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.

Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya "es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro". La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la Presidenta Cristina Fernández declaró que "vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos.”

La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del Presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecha por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.

No está demás recordar que las fuerzas armadas de Honduras fueron completamente restructuradas y “re-educadas” durante los años ochentas cuando el Embajador de EEUU en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del super-organismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno Sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento el Senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras.

Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry. La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que hoy depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.