Derechos humanos: una agenda ausente en el debate político
7 mayo 2009
El Informe Anual del CELS presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires destaca retrasos en los juicios de crímenes de lesa humanidad en Argentina. Denuncia violencia institucional, déficit habitacional y la situación de las cárceles, entre otras violaciones de los derechos humanos.El Informe Anual del CELS destaca que, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, en 2008 se realizaron procesos significativos que culminaron en 30 condenas y dos absoluciones.
Sin embargo, la alarmante lentitud con la que se instruyen las causas muestra que, aun cuando se mantuviera el ritmo de sentencias del año pasado, los juicios no terminarían antes de 2024. Esta demora posibilitó que, a la fecha, 201 represores (alrededor del 16% de los imputados), murieran impunes. Por otra parte, de los más de 40 imputados prófugos, sólo seis fueron detenidos en el último año, dato que demuestra la ausencia de una política activa de persecución.
En cuanto al rol de los actores judiciales involucrados en el proceso de verdad y justicia, el Informe del CELS destaca la actuación de Procuración General de la Nación, a través de la Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de las causas, que se encargó de establecer criterios claros para acelerar el proceso y llevar adelante juicios significativos.
Como contracara, el protagonismo de la Corte Suprema, con sus fallos de años anteriores para impulsar el proceso de verdad y justicia pareció desaparecer en 2008, tanto por el fallo "Patti", que invalidó la decisión de la Cámara de Diputados de impedir al represor acceder a su banca, como por la falta de voluntad política para intervenir activamente ante la desidia de algunos magistrados.
Al mismo tiempo, el CELS consideró que la Unidad de Asistencia y Seguimiento de Causas por Desapariciones Forzadas, creada por la Corte en julio de 2007, se mantuvo al margen del proceso de verdad y justicia. Su intervención se limitó a impulsar una acordada para garantizar la publicidad de los juicios, que fue burlada por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal, apenas una semana después de ser dictada.
Violencia institucional y políticas de seguridad
De acuerdo con los datos del CELS, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se registraron, entre julio de 2007 y junio de 2008, 121 muertes en hechos de violencia en los que participaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Aunque los niveles de violencia institucional de este período son similares a los de los dos semestres anteriores, presentan un leve aumento en la cantidad de civiles muertos. Si bien el conurbano históricamente ha concentrado una proporción importante de este tipo de muertes (alrededor del 75%), durante el período analizado se ubican allí el 88% de los casos.
El 79% de los civiles murió en supuestos enfrentamientos armados. En este tipo de situaciones perdieron la vida tanto posibles asaltantes como terceras personas y su reiteración da cuenta de una cuestión que ya ha sido advertida en distintos informes del CELS: el uso de armas por parte de funcionarios que se encuentran fuera de servicio. Durante el período analizado, 44 de los 89 civiles muertos (casi el 50%) fueron asesinados por agentes que estaban de franco o retirados.
Para el CELS, la persistencia de estas prácticas violentas a 25 años de restablecida la democracia merece especial atención puesto que, a la dificultad que implica lograr cambios en el modo de actuar de las instituciones más influidas por las enseñanzas de la dictadura, se suma la legitimación que se dio a las brutales intervenciones de las fuerzas de seguridad a causa del crecimiento de los delitos y el aumento de las demandas por mayor seguridad.
Por otra parte, durante 2008 los gobiernos de algunas de las provincias más importantes del país adoptaron medidas regresivas en materia de seguridad ciudadana. En particular, la reforma del Código Procesal Penal bonaerense, sancionada en diciembre, restringió el régimen de excarcelaciones e invirtió la regla de la libertad personal durante el proceso, que desde ahora será excepcional.
Estas modificaciones profundizarán las degradantes condiciones de detención en cárceles y comisarías, que ya eran graves en 2005 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó resolverlas en el fallo "Verbitsky". En el primer año de gobierno de la gestión actual, el número de detenidos en comisarías aumentó en forma sostenida.
Las 2.782 personas detenidas en comisarías que había en diciembre de 2007 pasaron a ser 3.448 en octubre de 2008. Este fenómeno no se producía desde mayo de 2005, cuando la CSJN emitió su sentencia.
La provincia alberga actualmente a 24.166 personas en sus unidades penitenciarias y a otras 3.448 en comisarías, es decir, un total de 27.614 privados de libertad. Sin embargo, de acuerdo con el relevamiento efectuado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires en marzo de 2008, el total de plazas disponibles era de 17.858.
Un tema que no está incluido en este informe anual, por haber ocurrido luego del cierre del período analizado, pero que al CELS le resulta especialmente preocupante, es la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, ocurrida el 31 de enero de este año en Lomas del Mirador. En este caso, que aun no se ha esclarecido, existen fuertes sospechas de participación de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Déficit habitacional y desalojos en la ciudad de Buenos Aires
El Informe del CELS también aborda la situación del derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Este derecho, si bien se encuentra reconocido a nivel normativo, resulta sistemáticamente vulnerado por la actuación del Estado. Más aún: la lógica del mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los sectores más vulnerables cuando se impulsan desalojos de forma masiva y se generan obstáculos directos e indirectos para el acceso a la vivienda.
Como consecuencia de este fenómeno, hubo un fuerte incremento en la cantidad de procesos de desalojo ingresados a la Justicia, sin que se genere en la agenda estatal un espacio de discusión que tome en consideración la dimensión del problema habitacional y aporte soluciones a esta problemática. Si bien en su mayoría se trata de procesos impulsados por particulares, también hay una gran cantidad que han sido promovidos por el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), en tierras e inmuebles que están bajo su dominio, y por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), respecto de terrenos de propiedad del Estado nacional.
Considerando sólo los valores referidos a villas de emergencia, núcleos habitacionales transitorios (NHT), asentamientos precarios o informales, inquilinatos, hoteles, pensiones, casas tomadas y conjuntos urbanos construidos, la situación de déficit habitacional alcanzaba, en 2006 (últimos datos oficiales), aproximadamente a unas 413.937 personas, es decir, un 13,7% del total de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
La condición socioeconómica de pobreza crítica en que se encuentran las poblaciones afectadas, su ubicación territorial (mayoritariamente en los barrios del sur de la ciudad) y el impacto particular de esta problemática sobre la infancia, son los ejes fundamentales que el CELS destaca en su análisis.
Soluciones judiciales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza- Riachuelo
La situación de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y el proceso desencadenado a partir del fallo de la Corte Suprema que, a partir de una demanda en la que participó el CELS junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ordenó sanear la cuenca también son analizados en el Informe Anual 2009.
El Informe advierte que, sobre una población que en la actualidad asciende a 5 millones de habitantes en la zona de la cuenca, el 55% carece de servicios cloacales. Esto implica que 368.000 m3 de desechos cloacales son arrojados diariamente al río y sólo el 5% recibe tratamiento previo.
Al mismo tiempo, el manejo del sistema de residuos sólidos urbanos es ineficiente, fundamentalmente en lo que respecta a los rellenos sanitarios realizados por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y a la proliferación de más de 100 basurales clandestinos a cielo abierto próximos a la cuenca, donde se vuelcan todo tipo de residuos sin ningún control de las autoridades.
Frente a este diagnóstico, el CELS destaca el rol asumido por la Corte Suprema con una participación integral y novedosa. El fallo del máximo tribunal, del 8 de julio de 2008, dio lugar a una nueva etapa en la que el control por parte de la sociedad civil del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia resultará fundamental.
Los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental
Tal como el CELS advirtió en el informe
Vidas arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, publicado en 2007, de las 25.000 personas detenidas en instituciones psiquiátricas argentinas, más del 80% están encerradas durante más de un año, y muchas permanecen allí de por vida. Entre el 60 y el 90% de estos pacientes están internados por "razones sociales", esto es, porque carecen de los medios para mantenerse a sí mismos o de familiares que estén en condiciones de actuar como sostén.
Esta edición del Informe Anual retoma el diagnóstico sobre la situación los usuarios de servicios de salud mental y analiza la situación del derecho a la defensa de estas personas, a lo que se suma la ratificación en el país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los avances hacia una postergada ley nacional de salud mental.
Libertad de expresión: el desafío de traducir los debates en políticas públicas
El CELS aborda también las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión en Argentina y remarca la obligación de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel, en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de las figuras de calumnias e injurias afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, inhibiendo la participación ciudadana o la labor periodística en el debate de los asuntos de interés público.
Además, el Informe analiza los avances y retrocesos que tuvieron lugar durante el último año en temas clave de la agenda de libertad de expresión como la sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual, el establecimiento de un criterio claro para la distribución de la pauta publicitaria oficial y la postergada elaboración de una normativa que regule el acceso a la información pública para los tres poderes estatales en todo el territorio nacional.
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