La deuda externa y el FMIEl sinuoso retorno al Fondo

Por Alejandro Olmos Gaona

Reincidencia: aunque luego del pago de 9.500 millones de dólares efectuado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner las relaciones formales con el FMI habían sido interrumpidas, las actuales autoridades económicas decidieron volver a las fauces del Fondo. Mientras la pobreza, la indigencia y la desocupación siguen aumentando, los gurúes de la economía argentina argumentan que es imprescindible su acuerdo para cualquier renegociación de la deuda con el Club de París. Y tras ese periplo la realidad queda a la vista: la deuda externa argentina excede los 180 mil millones de dólares.

Luego del pago efectuado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, las relaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían sido interrumpidas. Las actuales autoridades económicas, en cambio, consideraron necesario volver a este organismo argumentando que es imprescindible su acuerdo para cualquier renegociación de la deuda con el Club de París. Ignorando que el G-20 le ha dado más poder de negociación y que no existe un cambio ni en sus reglamentos ni en sus políticas, el actual ministro de Economía, Amado Boudou, manifestó: “Éste es otro FMI”. Como las cuentas públicas no cierran porque la deuda externa excede los 180 mil millones de dólares y el Gobierno no puede cancelar todas las obligaciones que vencen en los próximos años, se recurre al viejo expediente de volver al mercado de capitales y emitir una nueva deuda para cancelar la anterior. Todos los analistas del establishment están de acuerdo con este procedimiento que no es ni más ni menos que continuar indefinidamente con el sistema de la deuda. En un interrogatorio que le hizo una Comisión de la Cámara de Diputados en 1984, el ex ministro de Economía de la última dictadura militar (1976-1983), José Alfredo Martínez de Hoz señaló: “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”. La historia se repite: el viejo sistema de la usura sigue enseñoreándose sobre la economía nacional que posterga la inversión en programas sociales, viviendas y planes de salud. Mientras tanto, la pobreza sigue creciendo a pesar de las dibujadas cifras de un Indec en el que ya nadie cree. Aunque la deuda fue considerada fraudulenta en el fallo dictado en 2000 por el Juez Federal Jorge Ballestero, el Gobierno sigue negociando con los organismos multilaterales de crédito. Hoy se alude a nuevas negociaciones con los bonistas que no entraron en el canje, a nuevas ofertas y nuevos bonos como si se estuviera hablando de una deuda legítima. Se pasan por alto las dos investigaciones judiciales en trámite que cuestionan la legalidad de la deuda. Existen abrumadores testimonios que demuestran que la mitad de esa deuda que está pagando toda la comunidad argentina, es producto de las grandes empresas privadas y fue transferida al Estado en 1982. Un conjunto de peritos determinó que, en su mayor parte, la deuda correspondía a operaciones ficticias realizadas deliberadamente para el beneficio de esas empresas.

Historia del endeudamiento

Fue con la Revolución Libertadora (1955) cuando Argentina ingresó al FMI, a través de un decreto firmado por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Desde que comenzó su desmesurado crecimiento la deuda externa argentina estuvo monitoreada por el Fondo Monetario, que contó con un delegado permanente en las oficinas del Banco Central. Desde la década de 1970, los Bancos multinacionales necesitaron la aprobación de este organismo para suministrar nuevos préstamos. Cuando el sistema de la deuda colapsó en la década de 1980 y se produjo la primera gran crisis de endeudamiento, los países no pudieron pagar y renegociaron sus deudas en notorias condiciones de inferioridad, debiendo aceptar la implementación de las llamadas políticas de ajuste estructural para continuar insertos en el esquema internacional. Los principales puntos de esos programas de ajuste fueron: a) el ajuste de precios sorpresa (política de shock), para reducir drásticamente la inflación, disminuyendo la demanda; b) la apertura de los mercados del país a los productos extranjeros; c) la privatización de las empresas del Estado, d) la reducción del gasto público, e) el aumento de la presión impositiva para reducir el déficit. El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó el notable deterioro de la calidad de vida de la población de los países deudores, que se vieron involucrados en un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó, creciendo menos que la inflación, y en el caso de países con una falsa inflación cero, como Argentina durante los años de la convertibilidad, se recortaron los salarios y se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado manejara discrecionalmente el empleo sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos denominaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, gas). Como consecuencia de los despidos o a razón de la falta de puestos de trabajo, hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal que provocó un auge del cuentapropismo. Creció la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”. Debido a la demanda expandida del Estado nacional para atender los servicios del endeudamiento, los costos del crédito se elevaron a altísimos niveles y las tasas de interés activas, tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses, excedieron largamente las vigentes en el mercado internacional. Hubo una nítida desproporción del diferencial (spread) existente entre las tasas pagadas por el gobierno argentino y las vinculadas con títulos de créditos de similares características emitidos por otros Estados. Ese efecto llamado vulgarmente “riesgo país” se trasladó también al crédito interno, elevando las tasas para las grandes empresas, y mucho más para las medianas: la usura operó descarnadamente. Es evidente que hasta que no se haga una auditoria como la realizada en Ecuador no existe la menor posibilidad de que la deuda deje de ser la gran condicionante de la economía argentina. La lógica del acreedor es que el país siga endeudado, que refinancie la deuda para poder condicionar la economía nacional y someterla al poder ejercido desde los centros del poder financiero. En la reunión del Alba de noviembre de 2008, el presidente Chávez fue contundente al denunciar las maniobras del FMI y recalcar la necesidad de salir de ese sistema definitivamente. Parece que el gobierno argentino todavía confía en que esa institución manejada por el imperialismo, puede cambiar su política.

Desde Buenos Aires.

Fte.: Revista America XXI, Nº 55 | Edición digital

Libertad y democracia sindicalINDEC: La CTA presenta una queja ante la OIT

Por María Mendez

Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y los representantes de la conducción nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina brindaron ayer por la tarde una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. “Estamos presentando una queja contra el Estado argentino por múltiples violaciones a la libertad sindical y los derechos de las organizaciones y de los representantes de los trabajadores”, expresó Hugo Yasky, secretario general de la CTA.

Los trabajadores del organismo, enrolados en la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina, presentaron ayer en la sede nacional de la CTA una denuncia que será elevada al Presidente del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT contra el Gobierno nacional. “Se presenta esta queja por su doble responsabilidad de limitar el garantismo para el ejercicio de los derechos sindicales; y por su carácter de empleador y agente activo en las violaciones a la libertad sindical, libertad de reunión y de expresión de los trabajadores y la comisión gremial interna ATE-INDEC”, reza el documento.

Estuvieron junto a los integrantes de la Junta Interna de Delegados de ATE INDEC, representantes de la CTA a nivel nacional como Hugo Yasky, Victorio Paulón, Juan Carlos Giuliani y Gustavo Rollandi. También estuvieron los secretarios generales de las CTA de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, Fabio Basteiro y Hugo “Cahorro” Godoy, respectivamente; el titular de la ATE porteña, Rodolfo Arrechea, y el director del Departamento Jurídico de la CTA, Horacio Meguira, entre otros.

“Hoy hemos presentado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, las denuncias sobre los sucesivos casos de violación a la libertad sindical, agresiones físicas, intimidaciones, incumplimiento de resoluciones de la Justicia, que obligaban a restituir en sus puestos de trabajo a profesionales y trabajadores del INDEC desplazados por la intervención. Y además denunciamos la violación flagrante en tres oportunidades a la libertad de acción sindical y el respeto que se tiene que tener por cualquier representante de los trabajadores en cualquier lugar de trabajo”, comenzó explicando Yasky.

El dirigente indicó también que “estas violaciones no forman parte de hechos aislados, sino que son consecuencia de la aplicación de una política que desde el Gobierno nacional significó la sistemática adulteración de las cifras de las estadísticas y de los valores que generaba el INDEC y que hoy lo han convertido en un instrumento que carece de credibilidad frente a la sociedad”. Yasky reconoció que “el conjunto de la ciudadanía sabe que las estadísticas de pobreza, de desocupación, de la canasta familiar no son creíbles. Y los compañeros del INDEC han denunciado esta situación en reiteradas oportunidades. Por eso la CTA denuncia y exige a la OIT un pronunciamiento. Creemos que el organismo se hará eco de esto y generará en el corto plazo un apercibimiento al Gobierno argentino”.

Por último, el secretario general de la Central volvió a expresar “la solidaridad y el apoyo incondicional de todas las organizaciones que componen la CTA, que hoy es co denunciante en este informe, que también será presentado la semana que viene ante las oficinas de la OIT en nuestro país”.

A su turno, Arrechea informó que “esta medida tiene que ver con la defensa de las políticas públicas y de las estadísticas que este Instituto venía realizando con mucha jerarquía hasta el momento de la intervención” y concluyó: “Solamente se va a poder recuperar este Instituto si se termina con la intervención y cuando sean los trabajadores y los profesionales los que lleven adelante y hagan creíbles las estadísticas para terminar con la desocupación y la indigencia”.

Más tarde, el delegado general de la Junta Interna de la ATE INDEC, Daniel Fazio, destacó que “en nombre de todos los compañeros trabajadores del Instituto venimos a expresar que no vamos a dejar de luchar en pos de la recuperación de nuestro organismo para toda la sociedad. Porque necesitamos el INDEC para todos los trabajadores, porque cuando hay manipulación, los que más se perjudican son los trabajadores y el pueblo”. El representante gremial recordó que “para manipular han actuado con violencia contra los trabajadores y nuestras organizaciones. Por eso es indispensable poner en conocimiento de toda la sociedad la violencia de la que somos objeto”.

El delegado también informó que el próximo miércoles, 12 de noviembre, a partir de las 13 horas, se realizará un nuevo abrazo al organismo, con la participación de las organizaciones gremiales y sociales que acompañan a los trabajadores del INDEC y su lucha contra la intervención y por estadísticas confiables.

La denuncia

Finalmente, el doctor Meguira expresó que “desde el Observatorio Jurídico hemos dado soporte técnico para el armado de esta denuncia” y destacó que la misma tiene tres partes: “la primera es lo se tiene que ver con la violación sindical en la práctica, es decir, esos delitos que cometieron dentro del INDEC contra militantes, dirigentes de ATE y otras organizaciones. La segunda parte es la denuncia por violación de los convenios 87 y 98 de la OIT, o sea, la injerencia de la patronal en la vida interna de los sindicatos, como fue la violación del local sindical de la ATE y la modificación de las condiciones de trabajo de los delegados. Y por último, la violación del convenio 160 del organismo internacional, que es la obligación de los estados miembros de tener estadísticas confiables para poder establecer los indicadores que aporten a la negociación colectiva”.