El "mercado" del espionaje...

... y el retaceo de la información que debería ser pública

Carlos Leyba

La noticia destacada de la vida económica: un preso. El juez Claudio Bonadío puso detrás de las rejas de Marcos Paz a Roberto Larosa, apresado por la policía en el Palacio de Hacienda por estar “debajo del escritorio de la oficina de (Raúl) Rigo (subsecretario), y en su poder tenía un portafolio, en cuyo interior había dos linternas, una lupa, una toalla y una corbata” (Télam). Comentario: Bonadío entiende en la causa de Ricardo Jaime, a quien procesó en la investigación del supuesto cobro de dádivas y embargó por ochocientos mil pesos; Jaime permanece en libertad (Infobae.com). Un caso de espionaje o intento de espionaje informativo.
¿Qué hay detrás de los espías o informantes “de mercado” en los despachos oficiales?
La información estadística sobre resultados, disponible en las oficinas públicas, debería ser suministrada a la sociedad verificada que sea su exactitud. El Banco Mundial acaba de poner en su sitio, y sin cargo alguno, la totalidad de su base de datos. Brasil publica datos de comercio exterior, con detalle inimaginable aquí, semana a semana. Información y transparencia.
¿Cuál sería la información del área económica que podría estar vedada, reservada o “clasificada” como dicen los archivos secretos de las películas de misterio? Obviamente, no es “información”, al menos para este Apunte, el trámite del tipo de cambio, retenciones, etcétera. Pero sí lo es la que corresponde a las decisiones estratégicas, por ejemplo, ¿tren o camión?
Es difícil imaginar cuál es la razón para que informaciones de resultados o proyecciones, una vez procesadas, no sean conocidas por el público en tiempo real. Por qué vedar la información del sector público, sobre gastos o ingresos, deudas o acreedores, pagos o cobros, fueren estos datos de lo que ocurrió o debería ocurrir, historia o pronóstico, sobre las personas que trabajan, sus salarios y condiciones laborales, proveedores, licitaciones, etcétera.
Por cierto, existe información, por ejemplo, sobre condiciones a cumplir en un concurso, que puede generar ventajas para quien disponga de ella. Pero la publicidad de los actos permite inferir si hubo “ventajas informativas” e investigar.
La existencia de demoras o clausuras informativas difícilmente justificables, genera un mercado y es una violación a la ética democrática. Y se produce un “encarecimiento de la democracia”.
También hay información que se refiere, por ejemplo, a negociaciones de funcionarios acerca de cuestiones públicas. El adjetivo “público” nos va indicando el camino.
En esos casos, hay excepciones. ¿Cuál sería el sentido de la veda informativa que puede generar episodios como el que nos atrapa? Richard Nixon fue destituido por “espiar a privados”: delito que viola el derecho de un privado a privar su información. El “espía de información pública” vinculada al Presupuesto público -si éste fuera el caso- hace ruido: ¿“espía”? ¿“público”?
El retaceo de información, que debería ser pública en tiempo real, genera “un mercado”.
Cuando “lo público” se hace “privado” se produce un encarecimiento de la democracia: se cierran accesos. Cuando lo público, que debería ser abundante, se hace escaso hay riesgo de que “se privatice”.
“Privatizar lo público” es achicar la democracia. Y de la misma manera ocurre cuando “lo privado” se quiere hacer “público” (Nixon).

Este achicamiento de la democracia, ¿genera espionaje informativo? Según ha trascendido por los medios, la computadora privada de Larosa revelaría que su información fluye hacia consultores o asesores varios; y también hacia miembros de la oposición o del oficialismo.
Seguramente, se configuran delitos cuando hay robo o venta de información. Pero esa información, ¿no debería ser pública? ¿Qué seguridad ofrecen, a la que no debería serlo si la hay, oficinas, escritorios o computadoras comunes? ¿La privatización de la información lleva al delito?
La privación de información, que debería ser pública, también es una violación de una auténtica vocación de transparencia.
A propósito, una de las disposiciones de ética administrativa de la gestión de Néstor Kirchner fue la de hacer pública la agenda de los funcionarios con el propósito de marcar transparencia. Esa decisión innovadora hizo públicos los actos públicos; y debería ser homologada con la publicación de los datos públicos. No debería haber actos, datos, acuerdos, etcétera, “privados” referidos a cosas públicas. Y -salvo excepciones- todas las actividades de un funcionario son cosas públicas. Por ejemplo, al menos desde esta gestión K, son públicas sus declaraciones juradas patrimoniales.
Si es posible montar un negocio privado, por pequeño que fuere, para negociar información pública, ¿la información es realmente pública o “los privados” la hacen pública?
El caso Larosa, ¿se enmarca en este esquema? Seguramente, sí. Si obtenía información para otros clausurada, demorada, escasa, esquiva, etcétera, y procedía a entregarla, claramente, se enmarca en este cuadro. Probablemente, no es el único “espía” y, probablemente, son muchos los clientes de esa información clave para realizar diagnósticos, previsiones, etcétera.
¿Cuál podría ser la información que no debería estar en manos de la sociedad si, a la vez, es necesaria para hacer diagnósticos o previsiones?
Fuere por omisión o comisión, la existencia de una zona oscura de la información abre un escenario de “privatización de lo público”. (*)
Y ésa es una enfermedad mayor de la que la Argentina está contagiada. Como ayuda a la memoria, recuerdo que “la privatización de lo público” se materializó, primero, con el regalo de nuestro patrimonio y, perfeccionado, con la entrega de nuestras rentas principales a la oligarquía de los concesionarios, que es uno de los riesgos económicos (concentración del poder de presión sobre las decisiones públicas) mayores para la democracia.

Resumen, la oclusión informativa genera un mercado, y éste tiende a la concentración.
Larosa ha sido vinculado, por el Gobierno y los medios, al diputado nacional opositor Claudio Lozano, de trayectoria y calidad moral fuera de discusión, que se vería afectado por ser Larosa investigador de la CTA (que ahora se une a Hugo Moyano).
Larosa es, además, asesor rentado de un senador aliado al oficialismo y, aparentemente, según los medios, abastece de información “al mercado”.
Lozano ha vinculado el caso a una venganza a causa de una denuncia por él realizada acerca de algunos procedimientos del Canje II. El diputado advierte en su denuncia sobre hechos que podrían afectar al patrimonio público o beneficiar a terceros o una connivencia público-privada. Esa denuncia es una “advertencia” ya que, a la vez, reclama información acerca de los comisionistas y tenedores de bonos que se verían beneficiados. Lozano no dispone de esa información que permanece privada al público.
Ahora bien, ¿cuál sería el problema que produciría suministrar a la sociedad los nombres de los actuales tenedores de bonos, desde cuando lo son, a qué precios compraron y quienes son titulares originales de esos bonos?
La tramitación del Canje se beneficiaría haciendo transparente esa información. No hay nada delictivo en haber comprado a un precio ínfimo. Es la ocupación habitual de los especuladores. Tampoco hay razón para que los argentinos, que pagarán, no sepan a quién, por qué y cuánto pagan o ignoren cuánto ganan esos inversores. Inversores que, por otra parte, perderían ese carácter si se demostrara que compraban papeles con datos; otra vez, “si lo público se hubiera privatizado”.
Sería un cierre refrescante de este escándalo que, antes de ser tramitado el proceso judicial contra el señor Larosa, el Gobierno abriera toda la información del Canje que reclama Lozano y, de paso, revisara la política de información.
En la era de la comunicación, resulta penoso que alguien sea tentado a arriesgarse a dormir en Marco Paz para obtener información que, en la mayor parte de los casos, debería ser pública. Claro que “dos linternas, una lupa, una toalla y una corbata” es otra cosa.

Fte.: Revista Debate, 24.4.10 (*) Los resaltados e imágenes son agregados míos.

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