Audio de la editorial en el programa No hacemos falta (AM740 Cooperativa, 06.04.10) que conduce Gabriel Levinas
Durante años hemos alertado frente a la soja dependencia, más allá de que estemos en contra de las Biotecnologías, que estemos en contra del Agronegocio, y del modo en que se ha modificado el tradicional tejido social y de poblamiento por un esquema de territorios despoblados y enormes cinturones de pobreza urbana mantenidos por el asistencialismo. Hemos alertado sobre los
peligros del modelo agro exportador, acerca de la fragilidad de una economía basada en la exportación de porotos de soja y de sus subproductos industriales. Aún más todavía, hemos repetido incontables veces que ello configuraba claramente un
status neocolonial al servicio de las
Corporaciones transnacionales como
Monsanto, Singenta,
Cargill y Bunge. Si, lo hemos dicho. Hemos dicho también, que se pretendía confundir a la oligarquía vacuna del primer centenario con los enemigos actuales y que ese esfuerzo intelectual del progresismo, no podía de ninguna manera ser explicado por la ignorancia sino por la complicidad, en especial cuando descubríamos lo que era público y notorio para esos progresistas, que las oficinas del Estado Mayor que llevaba la lucha contra la oligarquía durante la crisis del Campo, eran propiedad de
Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA/CRESUD y del Banco Hipotecario, de casi todos los Shopping de Buenos Aires, así como de Puerto Madero.
Ahora llegó según parece, con el cuestionamiento chino al aceite de soja argentino, la hora de la verdad. Tal como alguna vez anticipara la conocida Teoría del Caos:
"el aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un Tsunami al otro lado del mundo". Bueno, nosotros estamos al otro lado de ese mundo que nos compra la soja, o sea que, lamentablemente, estamos del lado del Tsunami y no de la mariposa. Según el estudio de una consultora internacional Abeceb.com:
“… en los últimos años se llegaron a cuadruplicar las exportaciones de porotos y aceite de soja hacia el país asiático, pese al bajón que se produjo en el último año a raíz de la crisis internacional y la sequía que afectó a la argentina. Mientras diez años atrás las exportaciones de aceite eran de 1.254 millones de dólares, en 2008 se llegó a los 4.900 millones. En el caso de los porotos se pasó de los 500 millones a los 4.500 en el mismo período. Durante 2009, según Abeceb.com, se exportaron 1.984.047 toneladas de aceite de soja a China valuadas en 1.442 millones de dólares. De allí por retenciones el Gobierno obtuvo 461 millones de dólares. Por eso para estimar las magnitudes de lo que podría dejar de ingresar para este año la proyección en retenciones por aceite vendido al país asiático supera en un 35% la del año pasado”. Quienes persistan en no ver el enorme grado de dependencia a la sojización, que sufre el país de los argentinos, quienes pretendan aún desde el gobierno, continuar adjudicando a las políticas de Clarín esas dependencias, y todos aquellos que insistan en negar que ello configure un cuadro neocolonial, seguramente pueden hacerlo porque existe la libertad de expresión... En los medios públicos sabemos ya que esa libertad de expresión para todo tipo de devaneos intelectuales y simulacros filosóficos está garantizada, no por supuesto para develar la verdadera naturaleza de las dependencias globales, y la censura al programa Horizonte Sur en la Radio del Estado es prueba clara de ello.
Revisemos ahora la reacción de los medios y de los funcionarios ante la acusación de que los aceites de soja que son exportados contienen
altos porcentajes de Hexano. Y aclaremos que el hexano es un residuo de los solventes que se usan para extraer el aceite del poroto de soja y que, por ser un importante neurotóxico, su ingesta por contaminación, produce entre otros efectos, daños en el sistema nervioso, o sea neuropatías. No solamente el aceite de soja que exporta la Argentina, de ser ello verdad, podría afectar a los chinos, dado que, según la enorme publicidad que se ha realizado al interior de la Argentina, lamentablemente el uso del aceite de soja transgénica se ha extendido a los sectores carenciados así como a muchas actividades industriales vinculadas con el procesamiento de alimentos. Se supone que ello debería al menos preocupar a los organismos encargados de certificar estos alimentos o de controlar su sanidad, así como a las instituciones responsables de la salud de la población. He leído sin embargo, numerosos informes de prensa sobre el tema, que abundan acerca de las operatorias para arancelarias de China sobre la Argentina, un tema sobre el que no deberían sorprenderse, ya que este tipo de barreras encubiertas son normales en los mercados y en las negociaciones internacionales. Lo que llama la atención, es que tanto la verosimilitud de las graves acusaciones sanitarias, como la tremenda indefensión del modelo argentino, parecen estar absolutamente fuera del debate mediático o de las preocupaciones oficiales sobre el tema.
Asimismo tenemos derecho a preguntarnos si acaso las acusaciones sobre la sanidad de un producto exportado no serían, al menos en buena medida, responsabilidad de las empresas que lo producen. En este caso principalmente
la empresa AGD del Senador Urquía, así como otras del complejo sojero aceitero. Llama la atención que el gobierno ni siquiera tenga el gesto de intentar verificar las graves acusaciones, sino que por el contrario, una vez más haga cerrada causa común con las empresas del Agronegocio. También llama la atención, recordar que no hace demasiado tiempo, en un acto absolutamente falto de criterios morales y por lo tanto de respeto por la verdad, nuestro gobierno reconoció internacionalmente a
China como economía de mercado, cuando es público que no lo ha sido ni lo es, ya que se trata de una economía planificada y gobernada férreamente por el Partido Comunista y un complejo bancario centralizado. Para China que se la reconozca como economía de mercado es fundamental
a su estrategia de gran potencia, para nosotros fue simplemente un acto desvinculado de toda otra estrategia que no sean las propias expectativas, en obtener fáciles contraprestaciones sin mayores requerimientos…
Según escribe en su momento Susan George en Le Monde Diplomatique:
El comisario europeo de Comercio, el francés Pascal Lamy …antes de la firma de la declaración de Doha, y con intención de tranquilizar a su amigo Robert Zoellick, representante especial del Presidente estadounidense para el comercio internacional (USTR), le había escrito: “Usted me comunicó las profundas preocupaciones de su gobierno, particularmente en lo concerniente al comercio de productos biotecnológicos y a la ejecución de los aspectos comerciales de los acuerdos multilaterales sobre la bioseguridad, actuales o futuros, y expresó su inquietud porque Europa podría utilizar negociaciones resueltas en Doha como un medio para justificar barreras ilegítimas al comercio. A ese respecto, y en tanto que negociador de la Comisión Europea, le escribo para asegurarle que ése no será el caso. Igualmente quiero asegurarle que no utilizaré esas negociaciones para modificar el equilibrio de los derechos y obligaciones en el seno de la OMC, en lo que concierne al principio de precaución”. La última frase es más que elocuente: el comisario escribe que de ninguna manera la UE pedirá el refuerzo del principio de recaución. En particular, no exigirá en absoluto la inversión de la prueba en materia de bioseguridad: el país o el grupo de países que se negara a importar tal o cual producto (como ocurre con la UE respecto de la carne vacuna tratada con hormonas), se verá siempre obligado a probar que tal producto constituye un peligro. Por su parte, el exportador seguirá eximido de probar la inocuidad de la mercancía. Semejante capitulación era sin dudas la compensación exigida por Washington para que el tema del medio ambiente figurara en la declaración final.
Concretamente, que la llamada inversión de la carga de la prueba impuesta por la OMC en las negociaciones internacionales desde la Ronda Uruguay, obliga al comprador a demostrar fehacientemente las razones por las que pretende dejar de comprar los commodities de que se trata. Este criterio de enorme irracionalidad que conduciría a cualquier comercio normal a la quiebra o mejor aún, lo haría desde un principio totalmente inviable, ha sido impuesto como criterio básico de los procesos de globalización y concentración de poder por las corporaciones en los mercados internacionales y el grueso de los países han aceptado esas normas del poder global... Por eso es que en numerosas oportunidades, inclusive frente al Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos reclamado como tantas otras organizaciones antiglobales en el mundo:
“retirar la Agricultura de la OMC”, a fin de dar paso a políticas que tengan en cuenta las salud y el interés de las poblaciones y no tan sólo los intereses de los mercados globales. Lo terrible es que nuestros funcionarios progresistas, muchos de ellos provenientes del setentismo o de diversas experiencias de la izquierda nativa, hayan devenido incapaces de pensar más que en los términos de los intereses de esos mismos mercados y que consideren natural la inversión de la carga de la prueba: están convencidos que deben ser quienes nos compran, quienes demuestren que los transgénicos o las fumigaciones que los acompañan, así como los aceites con más de cien partes por millón de hexano, enferman a los seres humanos y terminan cronificando problemas neurológicos y finalmente parálisis. Ni siquiera vuelven el rostro para ver en nuestra propia población, como un espejo, las gravísimas e incontrastables consecuencias de esas mismas políticas que ellos implementan y que se han implementado por los diversos gobiernos habidos en democracia, y sin solución de continuidad, desde la época misma de la dictadura militar.
Fte.: HorizontesurComAr (Los enlaces son agregados míos)
Tal como fuera publicado en la revista noticias del 6 de marzo "Juliana Awada: denunciada por trabajo esclavo" y en una de las notas de tapa del diario Crónica del domingo 7 de marzo "El glamour puede tener su lado negro", la Alameda vienen denunciando a la firma Awada desde octubre del 2006 ante Juzgado Federal y ante el Ministerio de Trabajo por basar su producción en talleres clandestinos, donde se explota brutalmente a migrantes indocumentados por una paga miserable y donde existe además presumiblemente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
